La Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias aseguró que el proyecto de ley que hoy debatirá Senado “pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país” e impone “restricciones que afectan gravemente el derecho de propiedad”.
Así lo expresó a través de un comunicado de prensa el conglomerado que agrupa a Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).
“Estamos en favor de que se legisle sobre el manejo del fuego, pero no podemos dejar pasar por alto esta invasión al derecho de propiedad, ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales, o se instaure una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajamos en la tierra”, agregaron las entidades que conforman la Mesa de Enlace.
De esta manera, hicieron referencia a la iniciativa aprobada el 18 de noviembre pasado por la Cámara baja y que ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado, con lo cual se encuentra en condiciones de ser tratada en el recinto para convertirla en ley.
El proyecto prohíbe la venta de tierras incendiadas en plazos que van de 30 a 60 años. Pero además, impide hacer “cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que tenía la superficie previo al incendio” y la “modificación de uso de la superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas”
La Mesa de Enlace advirtió que “esta prohibición se da independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales”.
En este punto, cuestionó que, de aprobarse, la normativa se aplicará “incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios, por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero”.
“Esta nueva prohibición se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya existentes en la Ley de Bosques”, agregaron las entidades.
La Mesa de Enlace subrayó que la propuesta legislativa “da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa”.
De esta forma, reclamaron a los senadores y senadoras tener en cuenta, a la hora de tratar la iniciativa, que los productores también son “víctimas de hechos naturales o provocados que, de por sí, han lesionado nuestra producción y el capital destinado a ella”.
Por su parte, desde la Fundación Barbechando, plantearon que “es un grave error culpar y castigar directamente al propietario sin hacer distinción sobre las causas del incendio: si es iniciado accidentalmente o de forma natural, en terrenos propios o de terceros, o incluso si responde a buenas prácticas de quema programadas y controladas, método apoyado por el INTA, por gobiernos provinciales y por asociaciones de producción que defienden el ambiente y la biodiversidad”.
De esta forma, los productores agropecuarios serían catalogados como “delincuentes ambientales, sin posibilidad de demostrar su inocencia”. Esto afecta clara, y directamente, el derecho de propiedad, y presume la mala fe y el afán especulativo de los dueños en los casos de incendios; además de perder su capital de trabajo o sus inmuebles, recibirían un doble castigo, con restricciones arbitrarias, que no contribuyen al cuidado del medio ambiente.
“En vez de buscar culpables, debemos aportar soluciones, aplicando los mecanismos de control administrativo ya existentes. Es horas de robustecer los medios de prevención y combate de incendios. El problema nos involucra, seamos parte de la solución”, agregó Barbechando.
