Luego del pedido de la Mesa Nacional de Cooperativas de Electricidad, entró en vigencia la Resolución 582/2020 del INAES que dejó sin efecto la anterior en la cual se establecía que las entidades de la economía solidaria debían facturar de forma autónoma e independiente de otros conceptos.
En un contexto delicado a partir de la pandemia mundial y la crisis sanitaria, como también económica, que se afronta en el país, una buena noticia llegó durante los últimos días al movimiento cooperativo, principalmente al sector eléctrico.
Después de un extenso reclamo de la Mesa Nacional de Cooperativas de Electricidad a las autoridades correspondientes, a través del Boletín Informativo el Gobierno Nacional confirmó la derogación de la Resolución 3442/18 del INAES en la cual las entidades de la economía solidaria del sector de energía eléctrica no tenía autorización para facturar que no sea de otra forma que independiente y autónoma de otros conceptos y servicios.
A partir del pasado jueves 3 de septiembre, entró en vigencia la nueva Resolución del INAES bajo la denominación 582/2020, en una medida que fue aceptada y festejada por los distintos organismo del sector cooperativo eléctrico.
“Con esta nueva resolución (582/2020), que entra en vigencia este jueves 3 de septiembre, el organismo nacional que conduce Mario Cafiero hizo lugar a una de las primeras demandas que plantearon las federaciones de cooperativas eléctricas del país en el ámbito de la Mesa Nacional, anunciaron desde Conaice.
“En los primeros meses de este año, representantes de la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas (espacio conformado por Conaice, Face, y federaciones provinciales asociadas a Cooperar) mantuvieron reuniones con autoridades de INAES y solicitaron formalmente que se deje sin efecto la resolución”.
“Plantearon, entre otros perjuicios, que el impedimento para que los asociados/usuarios del servicio eléctrico puedan solicitar abonar junto a éste otros servicios como una ambulancia o un sepelio, no solo le coartaba a estos la libertad individual de decidir qué pagar junto al servicio eléctrico, sino que además denotaba “una ausencia de mirada social profunda de la realidad actual del territorio argentino, conspirando directamente con la vida de los pueblos del interior, su desarrollo y derecho a la equidad”.
“En lo sucesivo, la dirigencia siguió trabajando sobre este tema en el seno de la Comisión Técnica Asesora de Servicios Públicos del Instituto, aportando dictámenes que dieron sustento y fundamento a la petición”
Fuente: Conaice
